Bogotá, 30 de julio de 2026.   El análisis realizado por la coalición NiñezYA a los 75 indicadores relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ (PND), del gobierno de Gustavo Petro, muestra que no se cumplieron a cabalidad: 44% (33) cumplió la meta; 13% (10) cumplió parcialmente, 40% (30) no cumplió y 3% (2) no tiene información disponible. Además, los avances no fueron iguales en todos los territorios.

 

“El cumplimiento fue heterogéneo. El derecho a una cultura de paz y a una protección contra la violencia concentran los mayores rezagos del plan nacional de desarrollo. Este resultado coincide con un contexto de recrudecimiento del conflicto armado, como lo han señalado, entre otros, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones de la sociedad civil.  En febrero pasado, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por el incremento de las afectaciones contra niñas, niños y adolescentes por cuenta del conflicto armado”, señaló el consejo directivo de NiñezYA.

 

A esto se agrega que los sectores salud y bienestar y protección de los niños y niñas de 6 a 17 años presentan mayor desfinanciación a 2030, equivalentes a más de 15 billones de pesos por cubrir, según estimaciones de Save the Children y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

La coalición considera cumplidas las metas que alcanzan al menos 85% frente a la meta establecida, aunque para el DNP es 75%. El mismo método que se tuvo en la evaluación del PND ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ (Ley 1955 de 2019) del gobierno de Iván Duque (2018-2022), el cual incluyó 33 indicadores de seguimiento al desarrollo de la niñez. De ellos, 27,3% cumplió la meta, 9,1% registró un cumplimiento parcial, 30,3% no la cumplió y 33,3% no pudo ser evaluado por ausencia o inconsistencias en la información reportada. Los mayores rezagos se concentraron en salud, nutrición, educación, trabajo infantil e inclusión social.

 

En esta ocasión, 36% de los indicadores tenía información de 2024 o 2023. Solo 17% de los indicadores contaba con datos de 2026. La fuente de información principal fue el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), administrado por el DNP, que tiene la tarea de monitorear los indicadores del PND.  De igual manera, se analizó la información proveniente de las respuestas oficiales a derechos de petición realizados al DNP, al Sistema de Bienestar Familiar (SNBF) y al Ministerio de Salud y Protección Social; así como el Trazador Presupuestal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2026) y otros documentos oficiales que dan cuenta del estado de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

 

El análisis realizado por NiñezYA reconoce que el PND 2022–2026 amplió significativamente el seguimiento a la niñez, pasando de 33 a 75 indicadores oficiales, lo cual permitió avances en cobertura, acceso e infraestructura en diferentes sectores y territorios, así como la construcción de instrumentos estratégicos o fortalecidos como son el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) consolidado como plataforma nacional; la Medida de Pobreza en la Niñez, el Estudio longitudinal Generación para la Vida y la Paz, la Ruta Integral de Atenciones para las Familias (RIAF) y el apoyo para que fueran aprobadas cinco leyes de protección para  la niñez: 2447/2025, 2489/2025, 2564/2026, 2590/2026 y 2609/2026.

 

A pesar de lo señalado, las brechas territoriales siguen siendo el principal obstáculo para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, esto se refleja en que en las zonas rurales el costo de atender a un niño o niña es 15% más que en zonas urbanas. Por ejemplo, Chocó, La Guajira, Vichada, Caquetá y Cesar concentran sistemáticamente los peores resultados en mortalidad, desnutrición y agua potable. Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia siguen azotados por el conflicto armado. Además, el Trazador Presupuestal del DNP evidencia un desafío persistente en el reporte territorial, lo cual impide identificar los recursos que alcaldes y gobernadores invierten para hacer frente a las diversas problemáticas. Durante 2025, solo 143 de las 1.134 entidades territoriales (12,6%) habían reportado información. Estas entidades registraron $3,6 billones de presupuesto asignado, de los cuales se habían ejecutado $613.045 millones (17%).

 

De acuerdo con estimaciones de Save The Children y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia enfrenta una brecha de financiamiento estimada en $42,3 billones para costear la atención integral de niñas, niños y adolescentes al 2030. Con los recursos disponibles y el costo actual de las atenciones, el país podría financiar la atención integral de aproximadamente 68% de esta población. El desafío no consiste únicamente en aumentar los recursos, sino también en mejorar su asignación y eficiencia para lograr mejores resultados.

 

“Es importante tener en cuenta que el balance se realizó con la información disponible a mayo y algunos datos de junio de 2026. De igual forma, que el gobierno hará un cierre en diciembre. Esto a pesar de que el plan sigue vigente hasta que Plan Nacional de Desarrollo del gobierno electo sea aprobado a mediados de 2027. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir los avances de Colombia en garantía de derechos de la niñez en mejores resultados para los 13.942.630 niños niñas y adolescentes (DANE, 2024). La sociedad civil está presta a apoyar la tarea”, recalcó NiñezYA.

 

El informe completo puede consultarse en https://ninezya.org/

 

Análisis por derechos