Medellín, 11 de marzo de 2022. El martes pasado, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de estudiantes mujeres de la Institución Educativa CEFA de Medellín sufrió el uso desproporcionado de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Las estudiantes estaban con familiares y egresadas del colegio denunciando públicamente una situación de presunto abuso sexual por parte de un profesor.

 

Rechazamos la violencia como respuesta de la fuerza pública frente a la protesta pacífica de las estudiantes, como lo evidencian videos divulgados por redes sociales y los testimonios de adultos que acompañaron a las menores de edad.

 

El artículo 218 de la Constitución Nacional señala que la Policía Nacional tiene el fin primordial de mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, función que no se cumplió adecuadamente. Tampoco se cumplió con la consagración y la protección de los derechos fundamentales de las estudiantes, establecidos en el artículo 44 de la Constitución, como son la integridad física y la libre expresión.   

 

Hacemos un llamado a las autoridades para que revisen los protocolos que siguen en situaciones como la mencionada. Debe evitarse a toda costa la presencia de la Fuerza Pública en entornos escolares, ya que se pone en riesgo la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes, especialmente cuando se hace uso desmedido de la fuerza contra la población civil. De igual forma, deben promoverse las acciones que logren escuelas seguras, como son las garantías para la denuncia de acoso y abuso sexual y para los procesos que se siguen en estos casos. El acoso y abuso sexual son situaciones exacerbadas en los entornos escolares y es fundamental que exista acompañamiento y se les crea a las víctimas.

 

La Fuerza Pública debe velar por la aplicación y garantía de los derechos de la niñez, contrario a lo que sucedió en este caso y en situaciones registradas durante las protestas de 2021. Insistimos en el deber que tenemos todas y todos -en especial quienes lo tienen por misión constitucional- de proteger y garantizar la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo, reiteramos la importancia de no estigmatizar las expresiones de movilización juvenil.

 

Instamos a las autoridades que monitorean y atienden las denuncias de estos hechos y similares a realizar un ejercicio diferencial y con enfoque de género para los casos de menores de 18 años. Asimismo, exhortamos a los órganos de control y autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a quienes infringen las normas constitucionales y legales al vulnerar los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia.

 

Finalmente, como sociedad civil que promueve, defiende y respeta los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reiteramos que aún el Estado colombiano no ha suscrito la Declaración sobre Escuelas Seguras, pendiente desde el año 2015, y que llama al compromiso de evitar situaciones como las presentadas.